El Jubilado No. 100

Información picuda y activa contra mentalidades chatas y pasivas, publicada por alguien que medita acerca del significado de la expresión “mala influencia”, en algún lugar de la aún Delegación de Pensionados y Jubilados del STAUS.

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¿Usted cree que alguien que dice lo que piensa con la mayor claridad posible pueda ser una mala influencia? ¿Considera que expresar opiniones, ideas o conceptos pueda ser motivo de inquinas, rencores y maldiciones gitanas? ¿Ha oído hablar de la libertad de expresión y de elección en materia de política? Pues, asómbrese, hay gentes colgadas del rabo de la santa inquisición y atrapadas en la hipocresía sebosa de lo políticamente correcto que consideran pecado capital realizar labores informativas y, eventualmente, hacer algún señalamiento que pueda moverles el tapete de la ambigüedad y la conveniencia. El Jubilado no forma parte de la versión universitaria de la santa inquisición ni porta toga ni birrete, por lo que es claro que no pretende juzgar a individuos, sino simplemente señalar conductas propias o ajenas al sentido y propósitos que compartimos como habitantes del planeta UNISON.

Aclarado lo anterior, ofrecemos a usted el número 100 de la casi accidental marcha que hemos emprendido por las arideces y recovecos de las tierras sindicales y, en particular, de la provincia de los pensionados y jubilados, en pos de la utopía, de la exigencia marcusiana (en el ’68 francés) de “seamos realistas, pidamos lo imposible”. Estando así las cosas, empezamos.

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Como se sabe, el tema de moda es el relativo a las pensiones que criminalmente está otorgando el ISSSTESON. A estas alturas hay una corriente de opinión al interior de la UNISON que postula la urgente necesidad de firmar el dichoso convenio que quiere el gobierno a través del sórdido mamotreto burocrático que constituye su Junta Directiva, adoptando una posición no sólo individualista y chata sino antiuniversitaria. Lo anterior coincide con la cuestionable declaración del rector (sic) en el sentido de “actualizar” el convenio y ponerse al día con la Ley 38 reformada en 2005. En otras palabras, rindió la plaza en vez de defenderla. Al respecto, la dirigencia sindical postula que debe respetarse el contrato vigente y que las negociaciones de un convenio modificatorio deben tener como base el plebiscito celebrado a iniciativa suya, donde se votó por pagar más con el fin de lograr “una jubilación del 100%”, además de salvaguardar los derechos de los compañeros afectados (y por afectar) por el “acuerdo de la Junta Directiva” del ISSSTESON de ajustar sus pensiones a menos del 30%.

Tema peliagudo, de grandes aristas y rugosidades que no ocultan un hecho irrefutable: la UNISON cumple con lo establecido en el actual contrato de prestación de servicios sociales y nadie puede legalmente obligarla afirmar uno nuevo que afecte a sus trabajadores. Cabe recordar que la única disposición del citado contrato que abre la posibilidad de acudir a tribunales se refiere al hipotético caso de que surjan conflictos producto de la interpretación divergente de sus cláusulas. En ninguna parte se considera la opción de litigar la voluntad de alguna de las partes contratantes para efecto de modificar los términos del contrato vigente.

En este espacio, no una, ni dos, ni tres, sino 100 veces hemos sostenido que la UNISON está apegada a derecho, y que, en tanto no cambien las condiciones, no debemos pagar más. En consecuencia, seguimos diciendo NO a la firma del convenio en tanto las condiciones no favorezcan a los trabajadores. Pensamos, asimismo, que la universidad debe reportar la totalidad de los ingresos de los trabajadores y sostener el porcentaje de cotización establecido en el actual contrato. En este caso, deberá la administración gestionar los recursos financieros necesarios para cubrir los pagos requeridos y compensar los cargos sobre el sueldo de los trabajadores, lo cual supone un incremento al subsidio y una nivelación salarial.

Al respecto, en la reciente asamblea general celebrada en el Teatro Zubeldía, surgió una propuesta que reproducimos por su interés:

 “Hay que decir sí a la firma del convenio modificatorio siempre y cuando se dé cumplimiento previo a las siguientes condiciones: 1. Encierro en la cárcel de todas las ratas que saquearon las finanzas del Isssteson; 2. El pago de la deuda que el Estado tiene con la UniSon por concepto de subsidio estatal; 3. La renuncia inmediata del director general del Isssteson por inepto y corrupto; 4. Que el acuerdo lo tomen las 2/3 partes de los trabajadores al servicio de la UniSon tanto de confianza, académicos y manuales; 5. Que la Federación done un terreno en favor de la UniSon para la construcción de un Hospital Universitario que esté al servicio de la comunidad Universitaria y población en general.”

Es importante traer a colación la decisión del gobierno estatal, primero del PAN y ahora del PRI, de enajenar bienes propiedad del pueblo sonorense con el fin de resolver el déficit del ISSSTESON, sin embargo, la gobernadora ha declarado que los recursos producto de la venta de los estadios Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán serían para “salud y seguridad pública”, lo que pone en duda las verdaderas intenciones de la venta aunque, por fortuna, el presidente de la república declaró, el mismo día que se realizó la asamblea sindical, que el dinero iba directo a fortalecer el fondo de pensiones, y que se cuidaría la transparencia en el manejo de los recursos. En otras palabras, se abren posibilidades de “hacer equipo” en el nivel federal y parar los desmanes del neoliberalismo nopalero que padecemos, fortaleciendo la seguridad social en Sonora.

Como parece que el rector aún no está consciente de que la correlación política nacional cambió el pasado 1 de julio, no estaría de más recordarle que los compromisos y corruptelas que pesan como moneda de cambio en la lógica del gobierno sobre la administración universitaria, difícilmente durarían mucho si la comunidad universitaria va por la transparencia, rendición de cuentas y claridad en el manejo de los recursos institucionales, y mucho menos si se entiende que nadie debe estar por encima de la ley; o dicho de otra manera, si existieran razones para sentirse obligado a plegarse a las exigencias del gobierno-Isssteson al margen de los universitarios por alguna factura por pagar, sería mejor una renuncia a tiempo que el escarnio del traidor y del rajado.

Pero hablando de otras cosas, los 100 números de El Jubilado se deben a la generosa participación de nuestros corresponsales, la comunicación con nuestros compañeros, el apoyo de los lectores asiduos, los eventuales y los críticos abiertos y solapados. Se hace camino al andar… y avanzamos. A todos, gracias.

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