El Jubilado No. 29

Información picuda y activa contra mentalidades chatas y pasivas, editada en algún lugar de la Delegación de Pensionados y Jubilados del STAUS.

Número 29 - febrero de 2018

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El nuevo director del ISSSTESON dice que siempre no se suspenderán los servicios a los universitarios, independientemente de que la Universidad mantenga el actual contrato vigente y no haya firmado un nuevo convenio de prestación de servicios que aumenta las cuotas que hay que pagar, lo que supone que las cosas regresan a su estado original, como si en la estratósfera política de Sonora se hubieran sometido a un amparo virtual que, posiblemente, tuvo su origen en el tribunal del sentido común ante la coyuntura política que se presenta. No se amenaza directamente, sino que se presentan plazos coyunturalmente prorrogables para ver si los universitarios ceden a la amenaza latente. Como que se oye el fluir de algo en las cañerías del aparato estatal instalado tanto en los afanes electorales como en los del modelo privatizador.

Ponerse contra la Universidad de Sonora, a pesar del rector y otros actores políticos cooperadores y complacientes, no es lo más recomendable, entre otras cosas porque las huestes sindicales universitarias se han visto ante la evidencia de que aflojar con el ISSSTESON no es la mejor manera de resolver necesidades tan sentidas como lo es la salud y la seguridad social en general, aunque es inevitable poner el acento en las pensiones y jubilaciones. Hoy, más que nunca, queda claro que la lucha tiene que darse en dos dimensiones: la legal y la política. En el mundo real no tiene muchas posibilidades de éxito el contentarse con promover denuncias o juicios de amparo si no vienen aparejadas las movilizaciones, las variadas formas de visibilizar un problema, como son la denuncia pública a través del mitin, la marcha, la asamblea, el manejo de medios informativos y una constante presencia en las redes sociales.  

La marcha conjunta de los dos sindicatos universitarios realizada el miércoles 31 de enero, el ánimo general y el tono de los discursos pronunciados por uno y otro dirigente dan pie a suponer que ahora todo lo que se haga tendrá que ser congruente con el rechazo al nuevo convenio y a la consigna central coreada por los manifestantes: “¡Pena de prisión a las ratas del ISSSTESON!”. En caso contrario, los costos políticos y sociales para las organizaciones serían difícilmente costeables: O somos o no somos. De la firmeza de las acciones de los trabajadores en defensa de sus derechos laborales y sociales, depende la tranquilidad de las familias y la credibilidad de sus organizaciones sindicales.   

  

Subrayamos el hecho de que no es posible firmar un nuevo convenio con ISSSTESON mientras existan evidencias de que el ánimo oficial es recaudatorio y que cada acción puede abrir el camino para la privatización de la seguridad social y la disminución o incluso pérdida de los derechos adquiridos de los trabajadores. Un nuevo convenio deberá partir del reconocimiento pleno de los derechos laborales y sociales conquistados, y que los reclamos legales de los trabajadores afiliados no solamente son “expectativas” de derecho sino derechos plenos, irrenunciables e imprescriptibles. En este sentido, las condiciones que se llegasen a pactar deberán significar un avance y no un retroceso en los beneficios de los trabajadores y sus familias. Aquí es forzoso insistir en que un aumento en las cuotas del ISSSTESON sin un incremento salarial que los compense y una mejora en las condiciones generales de los servicios, de ninguna manera puede ser aceptable.  

Por lo anterior, nos oponemos a la firma de un nuevo convenio en tanto no exista la certidumbre de una aplicación transparente de los recursos, un trato respetuoso para la UNISON, un incremento sustancial en el subsidio universitario y en el sueldo de los trabajadores, y una mejora sustancial de los servicios prestados. En consecuencia, debemos seguir en los términos del actual contrato de servicios y luchar por el incremento al fondo complementario y a la despensa, entre otras medidas compensatorias que se acuerden entre la Administración universitaria y los sindicatos.   

El ISSSTESON tiene un daño patrimonial de 6 mil 41 millones de pesos, ocasionado por la rapiña del propio gobierno y la idea de que los fondos son para financiar campañas políticas y enriquecimientos de léperos y rateros. Exigimos la recuperación de los fondos robados y castigo a los perpetradores. Sin simulaciones ni complicidades.

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