El Jubilado
Información picuda y activa contra
mentalidades chatas y pasivas, publicada por alguien que ve con cara de what el
asunto del ISSSTESON, desde algún lugar de la aún Delegación de Pensionados y
Jubilados del STAUS.
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Seamos receptivos y disfrutemos de las
ventajas y bondades del buenaondismo y la concordia institucional. ¿Para qué
sostener una actitud crítica y de reclamo permanente contra las opiniones y
acciones de quienes se manifiestan a favor del gobierno y la administración
universitaria, por el solo hecho de ser lo que son? ¿Será posible vivir en un
mundo de paz y armonía mientras el adversario coyuntural nos pica el trasero y,
por razones de corrección política, tenemos que hacer que no sentimos y
volteamos para otro lado? ¿Seremos capaces de tragarnos la bazofia que nos
manda el sindicalismo charrificado, blanaqueado, institucional, ñoño y
maiceable con que nos topamos con frecuencia en nuestro devenir como sector
universitario, mínimamente sin hacer gestos de asco y repulsión?
Le aseguro que lo hemos intentado,
arduamente. Nos hemos esforzado por nadar de muertito en muchas ocasiones, ser
prudentes, “maduros”, políticamente masticables y sindicalistas holográficos ajenos
a conflictos y fricciones. Pero, a pesar de los esfuerzos por no hacer ruido y
servir de eventual alfombra a los que se sienten con ánimo de propietario de
nuestra organización, no podemos. No tenemos vocación de alfombra, tapete o
tapadera de nadie. Creemos que las cosas deben llamarse por su nombre y que la
mierda sólo es concebible en la parte baja del tubo digestivo de las personas,
no en la cabeza.
Bueno, pues después
de esta rara e inquietante introducción, entramos en materia retomando lo
señalado en este espacio en otro tiempo: la lucha por la nivelación de
pensiones es no sólo justa sino legal. Se apega a lo dispuesto en la ley 38
antes de la reforma de 2005 y al contrato suscrito con ISSSTESON de plena
vigencia. Tan es legal y exigible que durante los años 2016, 2017 y 2018 se
ganaron 210 demandas, según lo ha declarado el actual director general del
Instituto, quien celebra que la SCJN haya decidido en favor de no reconocer el
derecho de los demandantes bajo el supuesto de que deben pagarse las pensiones de
acuerdo con lo cotizado (El Reportero, 17/01/2019); es decir, ignorando la ley
y el contrato y basándose únicamente en un criterio aritmético de suma y resta.
Se ignoró también el aspecto social y el procedimiento que en realidad se sigue
en las instituciones de reportar al instituto de seguridad social cantidades
inferiores al sueldo pagado al empleado. Esta situación real, actual, sensible,
es reconocida por Cuauhtémoc González, dirigente del STAUS, quien declaró: “En
ese sentido es justo que, conforme se haya dado la cotización, se tenga el
rubro del pago de esa jubilación; pero hay que señalar que a veces, como
patrones, al trabajador le ponen un determinado nivel. Una más baja cotización
de lo que gana” (El Imparcial, 16/01/2019).
Vista en contexto, la
decisión de la SCJN cancela las posibilidades de acceder a la justicia laboral
y social de un número considerable de trabajadores actuales y futuros y el peso
de este criterio jurisprudencial amplía la brecha entre los jubilados y
pensionados de primera y de segunda. Es público y notorio que muchos exfuncionarios,
como Wenseslao Cota Montoya, Max Gutiérrez Cohen, Hilda Benitez Carreón,
Arnoldo Hernández Peña, entre muchos otros (Proyecto Puente, 23/11/2018), demandaron
al Instituto por nivelación de pensiones y se fueron con generosas cantidades
de dinero inimaginables e inalcanzables para la mayoría de los trabajadores
retirados, pensiones abusivas que fueron denunciadas en su momento y que el
gobierno no pudo hacer nada para
revertirlas porque eran legales, porque los tribunales competentes les dieron
la razón a estos pensionados de primera. Ahora este criterio ahorrativo y
justiciero se aplica en contra de miles de pensionados modestos, de segunda,
precaristas de la seguridad social, y deja como están a los verdaderos abusivos
y gandallas “porque no puede aplicarse retroactivamente la ley” (nótese cuál
débil puede ser el ciudadano cuando la administración de la justicia es parcial). Lo que era formalmente legal y exigible en
210 casos de demandas vistos en la presente administración estatal, por obra y
gracia de la Suprema Corte ya no lo es para los alrededor de mil 500 casos
pendientes que corresponden mayoritariamente a trabajadores de a pie, atrapados
en la química presupuestal de las instituciones donde siempre es el patrón
quien determina cuánto se reporta a la seguridad social y que, sin culpa alguna
van a ser excluidos de la protección que le ley debiera otorgarles (alcanzamos
a oír a lo lejos discreta música de violín y apagados sollozos del coro de huérfanos
de la justicia y la equidad que se hacen presentes).
De acuerdo con lo
expuesto, ¿por qué las organizaciones sindicales no se pusieron las pilas para
exigir, de la manera en que estuviera a su alcance, justicia para sus miembros?
¿Por qué no se reconoció el derecho de los pensionados y jubilados de tener
acceso a la asesoría jurídica a cargo del propio sindicato? ¿Por qué no ocupó
un lugar importante en el pliego petitorio de las revisiones contractuales? ¿Por
qué no se luchó junto con los pensionados y jubilados por la nivelación de
pensiones, habida cuenta la existencia del fundamento legal para ello? ¿Por qué
nunca se discutió y decidió en el interior del sindicalismo universitario la
serie de medidas que debieran emprenderse para poner orden en lo
correspondiente a la seguridad social y que, en todo caso, la institución se
hiciera cargo de reportar correctamente la nómina? ¿Por qué se toma como
natural y hasta correcto que los trabajadores deban pagar las consecuencias de
esta especie de fraude o evasión de responsabilidades patronales sin, por lo
menos, emplazar a huelga? ¿Por qué, si se sabía que “son varios organismos como
el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y algunas instituciones de Educación Superior
los que cotizan al trabajador con un sueldo más bajo” no se emprendió un
movimiento sindical masivo en favor de la legalidad, la transparencia y la
rendición de cuentas? Sin embargo, ahora se declara que “están a favor de que
las jubilaciones sean de acuerdo a las cotizaciones” (Cuauhtémoc González, El
Imparcial, 16/01/2019).
Como se dijo en un principio, nos
resistimos a dejar de señalar los renglones torcidos de la Universidad y del
sindicalismo universitario, con el riego de parecer necios, aferrados, mal
intencionados, y el etcétera que usted le quiera poner. No podemos ni debemos
nadar de muertito, no debemos voltear para otro lado y dejar señalar que la organización
carece de visión social, de una verdadera intención transformadora, y que la
justicia se basa en mecanismos de distribución de favores y concesiones temporales
en vez de estar afincada en la verdad, la equidad y la transparencia. Valore
usted en qué posición está usted respecto a los problemas sociales de fondo y
no sólo en aspectos importantes aunque externos o coyunturales, como puede ser
el desabasto de medicamentos. Medite usted sobre su sindicato, revalore la
lucha de los universitarios jubilados o pensionados porque en el mediano o
largo plazo va a ser la suya propia (salvo que antes la renuncia o la muerte
nos separe). Debemos ver y abordar el fondo del asunto, las causas del
desabasto como parte de la política de privatización de las instituciones y de
mercantilización de la seguridad social. ¿Podrán los sindicatos responder a
esta realidad y salir del sopor de la inercia? Consideramos que así como van las
cosas no va a ser posible. Hora de cambiar. Hora de alejarse de la trivialidad
neoliberal, de las soluciones facilonas de solicitar más recursos para alimentar
al barril sin fondo del ISSSTESON, de decidirse a tomar el toro por los cuernos
y redefinir el rumbo.
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