El Jubilado No. 70


Información picuda y activa contra mentalidades chatas y pasivas, publicada desde observatorio entomológico en algún lugar de la aún Delegación de Pensionados y Jubilados del STAUS.
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Como el lector recordará, el 3 de agosto del año pasado Proyecto Puente publicó una nota que en este momento adquiere particular relevancia: el gobierno del Estado presentó un proyecto por el cual pagó dos millones de devaluados pesos, referido a la edificación de un “centro de convenciones internacional” en donde ahora está el Estadio Héctor Espino. El día de hoy se presentó la maqueta del citado proyecto que materializa la idea de lo que algunos entienden por progreso. Es decir, solamente pasaron dos días desde que el gobierno del Estado y esa entelequia que se hace llamar Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora firmaron una minuta que oficializa los acuerdos para el “rescate” del ISSSTESON. Si quiere ver el bonito video promocional que se publicó en 2018, vaya a la liga siguiente:

Desde luego que nos maravilla la capacidad ejecutiva del gobierno por haber logrado, seguramente “por razones humanitarias”, que el sindicalismo sonorense firmara la liquidación de bienes inmuebles cargados de historia y simbolismo con el ánimo de que “no quebrara el ISSSTESON” y, de volada, presentar la maqueta de un proyecto en el que se viene trabajando, por supuesto, desde hace más de un año. Nos asombra la sincronía entre los ánimos justicieros sindicales y la compulsión neoliberal de liquidar activos patrimonio del pueblo, privatizar bienes y servicios y hacerles el día a los inversionistas omnipresentes y redundantes, considerando el hecho bien conocido de que son unas cuantas familias las que están haciendo el negocio de los centros de convenciones y desarrollos inmobiliarios de alto nivel en nuestra entidad. Dinero llama dinero y la justicia parece ser una mercancía que, como tal, se administra en el marco del sistema de mercado.

Como era de esperarse, ya hay voces ciudadanas, aquí y en Ciudad Obregón, que se levantan en protesta por lo que consideran una afrenta contra la historia regional y las posibilidades de desarrollar espacios deportivos y recreativos para las nuevas generaciones de sonorenses.

En este punto, cabe preguntarse si, de plano, los representantes sindicales son o están cayendo en complicidades accidentales de lo que tiene la pinta de ser un proyecto de negocios y, si no fueron conscientes de que sirvieron de base social a una tranza monumental propuesta por el gobierno de Guillermo Padrés y retomada y operada por el de Claudia Pavlovich, ¿son protagonistas de un acto de sebosa complicidad o de una obnubilación (apendejamiento) producto de la linealidad del criterio formado en el “topos uranos” de los claustros académicos, o en la toxicidad de las cañerías de la burocracia que se reclama “institucional”? ¿Se pueden argumentar con seriedad razones humanitarias para justificar que se liquida patrimonio y, sin embargo, manifestar tibieza en la exigencia de perseguir a los culpables del desfondo pensionario y el daño patrimonial del ISSSTESON? ¿Usted cree que eventualmente recuperar mil millones de pesos alcanza para resarcir al Instituto de la perdida del dinero (dos mil 63 millones) que el gobierno de Padrés dejó de entregarle por concepto de cuotas y aportaciones? ¿Se puede considerar un logro que el gobierno se “comprometa” a cumplir con lo que está obligado por ley? ¿No le parece un notable ejercicio de cinismo cuando no de simulación? ¿Es un triunfo de la justicia sobre la codicia o es todo lo contrario?

Nos parece que el gobierno apostó con una moneda de dos caras iguales y el sindicalismo arracimado aceptó el juego sin ninguna consideración crítica en la mesa de la negociación, porque nadie en su sano juicio negocia para perder ni cambia pesos por centavos, habida cuenta que avalar una leperada es perder legitimidad y credibilidad. Por lo pronto, no será raro que se trate de hacer pasar por avances lo que evidentemente son retrocesos en forma de acuerdos que contienen soluciones recicladas para la ocasión, sin que el gobierno realmente responda a la exigencia de asumir las responsabilidades que le marca la propia Ley 38 en su artículo 116.

Por lo anterior, se puede decir que el gobierno y el ISSSTESON evaden sus responsabilidades legales y actúan como agentes inmobiliarios al servicio de especuladores bien posicionados políticamente, con la complacencia de las organizaciones sindicales y sociales que, en principio, se comprometieron a luchar por el bienestar de sus agremiados y la salud financiera y operativa del Instituto. ¿Se imagina la cantidad de dinero que estará en juego? ¿Fueron los sindicatos víctimas de una chamaqueada? ¿Cayeron sin proponérselo en las argucias prianistas? ¿Hubo gato encerrado? ¿Fue plan con maña? ¿Abuso de confianza? ¿Abandono de responsabilidades? ¿Ausencia de claridad? Usted dirá...

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